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Organización Local
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Admón Estatal y Municipal
Herencia Prehispánica
Organización
Organización Local
Bibliografía

Centros de población a partir del Imperio Tepaneca

Mapa del Valle de Toluca: Pueblos que Formaban parte del Señorío Tepaneca. La ilustración se refiere al Valle de Toluca, nos presenta importantes centros de población a partir del Imperio Tepaneca, posteriormente sometido por los Aztecas.

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La Organización Local y Comunitaria: El Calpulli.

El Calpulli es la forma de organización local y comunitaria de los pueblos indígenas, que merecen ser analizada y reconocida como la unidad territorial básica de un sistema de gobierno y administración teocrática. Desde un punto de vista teórico, muestra una forma de organización parecida al clan, evolucionada en lo que significa la importancia de lo local y en donde se dan las relaciones entre familias o gente conocida para habitar las tierras que integran el territorio del calpulli, definido como:

“…un barrio de gente conocida o linaje antiguo que tienen de tiempos remotos sus tierras y términos conocidos, que son de aquella cepa, barrio o linaje”

Esta definición contiene cuatro términos estrechamente vinculados entre sí: barrio, linaje, tierras y términos conocidos. Ello implica el concepto de lo local en tiempos prehispánicos y nos indica que el calpulli poseía una forma de organización muy parecida al clan, dado que en su base social se daban relaciones de parentesco o linaje; el sentido del barrio reunía al conjunto de viviendas familiares; las tierras incluían recursos naturales como el agua, bosques, praderas y yacimientos mineros, que conformaban el entorno geográfico o físico del cual usufructuaban los pobladores; y los términos conocidos se referían a las relaciones de vecindad y de cooperación entre los habitantes del calpulli.

En este contexto, el calpulli constituyó la célula básica de organización local y comunitaria, representando al mismo tiempo una instancia de gobierno y administración que tuvo las características siguientes:

  1. Era la unidad responsable para el pago de tributos y servicios personales ante el gobierno tribal que dirigían los “Tlatoanis”;
  2. Un grado de descentralización económica, administrativa y política, que obligaba a la autosuficiencia alimentaria mediante el aprovechamiento adecuado de las tierras, bosques, aguas y praderas;
  3. Una organización autónoma de la educación y defensa, así como del abastecimiento propio de insumos en materia de salud y construcción de viviendas;
  4. Un poder de decisión y de manejo, que tenía el Consejo de jefes de familia o de ancianos;
  5. Una forma de propiedad comunal de los bosques, aguas praderas, y de las tierras agrícolas;
  6. Una forma de asignación de los recursos y de organización del trabajo, para la producción por familias;
  7. Una forma de distribución de los productos que generaba la actividad productiva entre los miembros de la comunidad en función de necesidades individuales y de familia; y
  8. Una forma de organizar, en donde participaban los más sabios (viejos) y los más fuertes (jefes militares).

Estas connotaciones del “calpulli” muestran, lo interesante de su organización y la forma de planificar la vida social y la actividad productiva; el valor que tenía la unidad familiar, como la parte más desagregada de su organización social; el poder que tenía el pariente mayor (teachcauh)(*); y las formas de administrar el sistema comunal agrario y de programar la producción del mismo.

La forma de organización local y comunitaria de los pueblos indígenas tuvo gran importancia para la producción de la vida social y para la defensa del territorio, así como para la seguridad y protección de la población. Esto le daba unidad e integración a toda la actividad económica y cultural, en tanto que lo religioso aportaba una visión de lo divino y les hacía elegir sus propios dioses.

La función de defensa comprometía a los hombres del calpulli. La organización militar tenía una gran importancia dado que en caso de enfrentamiento combatían juntos, bajo el mando de los jefes militares del mismo calpulli. Estos se dividían en grupos de combate de decenas y centenas y los mandos medios eran ejercidos por parientes o conocidos de la diferentes localidades del calpulli.

En materia de seguridad interior y protección de la población –esto es, la función de policía y la impartición de justicia-, correspondía realizarla a los hombres elegidos entre aquellos que habían adquirido la categoría de nobles.

En materia de culto religioso, cada calpulli elegía a su dios particular, el que era adorado por todos sus pobladores. Ellos mismos construían templos para rendirle culto y hacer las ceremonias especiales, relacionando las fechas consagradas de su calendario.

En materia de educación –por último- había toda una metodología para ir avanzando en el conocimiento. La formación primaria se daba en las escuelas de entrenamiento para jóvenes guerreros, en donde aprendían una visión muy global del hombre y el universo, además de artes marciales y uso de armas. Se les instruía, también en las rigurosas normas del comportamiento religioso y público, así como en el respeto a los parientes mayores ancianos) y hacia sus valores locales, regionales y vecinos.

 

La Herencia Hispánica en Materia de Organización Local.

Los cabildos o cuerpos colegiados locales impuestos y desarrollados por la conquista española, fueron la experiencia de las comunas o consejos de los pueblos que dieron forma, en el reino de España, a la organización municipal a partir de los siglos XI y XII. Esta forma de organización local en la Nueva España, en el siglo XVI, tuvo una evolución positiva en materia de relaciones con la administración central de la Corona y con las formas de organización regionales o provinciales a la vez que se adoptaron medidas para mantener una cierta autonomía, que le asegurara un grado de estabilidad a la administración local de los ayuntamientos.

Por otra parte, la población en su conjunto tenía derecho a conocer los problemas de la realidad local y a promover acciones para solucionarlos. Así, para darle fuerza a la organización local: “…reunidos en Consejo, los habitantes o jefes de la familia de cada pueblo, como depositarios de la autoridad pública, discutían los asuntos comunes, nombraban anualmente Alcaldes ordinarios, jurados y otros ministros de justicia, para que ejerciesen en el poder judicial, en lo civil y lo criminal, como igualmente oficiales que desempeñasen el gobierno económico del Común y el mando de la fuerza armada; porque para cada Consejo había una fuerza militar organizada para proveer la tranquilidad de sus secciones, mantener sus relaciones con el Monarca, asegurar el ejercicio de la justicia, perseguir a los malhechores, sostener los derechos de la comunidad y salir al servicio de la corona, en los casos estipulados por las cartas y fueros. Tal fue la organización de los Comunes hasta mediados del siglo IV, en que empezó a sufrir alteraciones importantes” .

Esta forma de organización local fue evolucionando y adecuándose, en la medida en que crecían las ciudades y se modernizaba la administración central y las regionales. En la situación de aislamiento y excesiva autonomía de los municipios o cuerpos colegiados locales en el siglo XIV, el monarca y su cuerpo de asesores hicieron cambios para lograr una mayor centralización y hacer sentir, con mayor fuerza la autoridad de la corona en regiones y localidades.

Este cambio de administración se caracterizó por una fuerte tendencia centralista. Se fueron imponiendo poco a poco nuevas normas y reglamentación municipal, que precisaba las formas de elección de las autoridades y fijaba cuáles eran las principales actividades de los oficiales o funcionarios más importantes, a fin de romper la situación imperante, en donde: “… cada pueblo era una pequeña república y la concurrencia y reunión de todos los vecinos –especialmente en las grandes poblaciones- daba lugar a disensiones de no pequeñas trascendencias y producía disturbios y parcialidades entre las familias.

Hubo de reducirse –por fin- el Consejo a un número determinado de personas, que, presididas por la justicia, ejerciesen el gobierno municipal y deliberasen sobre los intereses del Común” . Estas son las bases en que se apoyaba la organización local de la Monarquía española y esto era lo que conocían los conquistadores, en materia de gobierno y administración local; fue también lo que utilizó Cortés en México y los conquistadores de los otros países de América Latina y el Caribe. Por ello, se puede decir que la herencia de los conquistadores es el origen de nuestros ayuntamientos.

La Conformación de Organización Local en el Estado de México:
Los Municipios en las Postrimerias del Colonialismo.

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en toda el área geográfica del Estado de México sus municipios eran el centro del descontento y de la protesta en contra del poder político de la Corona Española y la centralización de la riqueza en manos de los funcionarios y pobladores de origen peninsular. En la mayor parte de los municipios, grupos de criollos empezaron a organizarse y reunirse para discutir sus problemas, iniciando la lucha en contra de la discriminación y la falta de participación directa en la vida administrativa y política de los ayuntamientos.

Dentro de la estrategia de lucha concebida por los criollos, se aprobó como paso táctico la compra de cargos municipales, los que se vendían en pública subasta. La idea era ir conquistando espacios políticos y penetrar directamente en le manejo administrativo de los municipios(*). El resultado obtenido en esta acción permitió, entre otras cosas, canalizar la lucha por la libertad, elegir por el pueblo a las autoridades locales y proclamar la igualdad de derechos en la obtención de puestos públicos y –en general- para todos los ámbitos de la vida social, política y económica. La protesta fue en aumento, e incluso, se produjeron conjuras y ciertas formas de abierta rebelión en contra del régimen español .

En los ayuntamientos más populosos del Valle de México y de Toluca, como asimismo en algunos municipios rurales de las regiones más alejadas, la efervescencia popular se hacía incontenible y la actividad conspirativa de los grupos organizados de los criollos iba en aumento. A principios del siglo XIX, se planteaba abiertamente la necesidad de que el país tuviera una vida independiente y soberana.

Los Municipios, durante la Lucha por la Independencia Nacional.

En este período, la institución municipal sufrió las consecuencias de los avances y retrocesos de la larga lucha por la independencia. La ocupación de España por el Ejército de Napoleón -acontecimiento político determinante de la crisis del imperio español- creó las condiciones para iniciar la lucha por la independencia nacional, lucha que fue larga y cruenta. Durante el desarrollo del a lucha por la independencia, ningún municipio estuvo al margen de la crisis política, económica y financiera que sufrió el país. Además, por efecto de los vacíos de poder que se dejaron sentir se produjo un aumento considerable de ayuntamientos, debido a las presiones de la población en aquellos pueblos pequeños que o tenían solución a sus problemas y exigían mejores servicios. Así, cada pueblo creía resolver sus problemas contando con su propio ayuntamiento y, en cierta forma, se puede decir que tanto las Cortes de Cádiz y la Constitución Política de la Monarquía Española (aprobada esta última en el Congreso de Cádiz de marzo de 1812 y promulgada en México por el Virrey y Venegas, en septiembre de 1813) estimulaba la creación de nuevos ayuntamientos, dado que esta nueva Constitución establecía que: “los pueblos cuya población fuera superior a mil habitantes podrían establecer su propio ayuntamiento”.

Asimismo, durante esta época los municipios del Estado tuvieron un papel importante y los primeros que apoyaron el movimiento insurgente –comandado por Miguel Hidalgo y Costilla- fueron El Oro y Temascalcingo, el 27 de octubre de 1810. En la medida en que avanzaba el movimiento insurgente surgían nuevos líderes, como el caso de Tomás y Mariano Ortiz, quienes incursionaron en Amanalco y Temascaltepec; el de Miguel Díaz, en Lerma; y el de Joaquín Canseco, en Toluca. El municipio de Sultepec se consideró la capital de la insurgencia y ahí quedo instalada la Suprema Junta Americana, en marzo de 1812. Además, se realizó una importante labor editorial, con la publicación del Periódico El Ilustrador Nacional .

Finalizada la lucha por la independencia, había que adoptar una organización y una administración de gobierno para iniciar la vida independiente. En medio de fuertes tensiones y conflictos internos se impuso el régimen de gobierno monárquico-constitucional que se adoptó de acuerdo al Plan de Iguala –del 24 de febrero de 1821- del Tratado de Córdoba –del 24 de agosto del mismo año-, donde se dieron las bases para nombrar al primer gobierno independiente, el que asumió el 28 de septiembre de 1821.

Posteriormente, esta situación se hizo crítica en las tareas de la reconstrucción nacional. La guerra de independencia promovió a muchos líderes locales y regionales, como asimismo se manifestaron las raíces del caciquismo y del caudillismo –provenientes de la misma lucha emancipadora-, expresadas más adelante en los gobiernos de tipo oligárquico y despótico que sufrió el país.

Las Bases de la Organización Municipal y la
ConsolidaciónTerritorial y Política del Estado de México.

En 1821, el estado de México tenía la conformación de la vieja división de intendencia, con una superficie territorial de 128 515 Km2 y con 12 distritos, que eran Acapulco, Coyuca, Chalco, Matalcingo, Meztitlán, Pánuco, Sultepec, Teatlalpan, Texcoco, Tláhuac, Xilotepec y Xochimilco.

El gobierno independiente, al definir la nueva división territorial, segregó de lo que era la intendencia de México el área geográfica de San Juan del Río y Querétaro, para conformar la provincia de ese nombre. De este modo, el país quedó dividido en 17 provincias y la provincia de México perdió el territorio que correspondía a la provincia de Querétaro. Fue la primera mutilación territorial de esta entidad federativa.

La Organización y la Consolidación de la
Estructura Municipal del Estado de México.

En 1824, el gobierno del Estado de México trató de racionalizar la administración, organización y manejo de todos sus municipios. La mayoría de ellos tenía serios problemas financieros y de todo tipo, lo que hizo adoptar una política que redujera el número de municipios pequeños y fortaleciera a los grandes. Bajo este marco se promulgó el decreto No. 36, del 9 de febrero de 1825, que se denominó: “decreto para la organización de los ayuntamientos del Estado”. A este documento se refiere el gobernador Melchor Múzquiz, cuando dice –en su Memoria- que antes de la “ley de reducción de ayuntamientos” había demasiados, porque todos los pueblos tenían su población registrada de conformidad a la constitución española; y muchos otros, por el deseo de tener su propio gobierno, habían aumentado las cifras de su censo para lograr reconocimiento mediante un decreto que les autorizaba la instalación de ayuntamientos. Fueron, no obstante, reducidos al número de 180.

Durante la consolidación de la estructura municipal del Estado, el número y la dispersión de los municipios, en un territorio tan amplio, complicaba el proceso de transición y búsqueda de la estabilidad social, económica y política que trataban de imponer las autoridades y gobierno de la época, mediante la adopción de medidas administrativas y una política de orden en los ayuntamientos, a fin de frenar las tendencias centralizadoras y de fortalecer al federalismo.

De acuerdo a esta situación, podemos hacer la siguiente
caracterización de los municipios de la época:

  • Tendencias anárquicas en el manejo político y administrativo de los ayuntamientos;
  • Carencia e insuficiencia de recursos materiales, financieros y humanos;
  • Deficiencias en el manejo operativo y de organización, en los diferentes niveles de la actividad municipal;
  • Exceso de discusión en el proceso de toma de decisiones, como consecuencia del nuevo estilo democrático de gestión municipal; y
  • Desequilibrio y desigualdades entre municipios, como consecuencia de la diversidad que se daba con respecto a su población, a la dotación de sus recursos materiales y ala extensión geográfica.

 

En la década de 1830, en todos los municipios de importancia se dejó sentir la lucha entre liberales y conservadores, la que no era otra cosa que la lucha por el poder las logias masónicas escocesa y yorquina. La primera aglutinaba a los criollos de la clase alta y de la aristocracia, centralistas y conservadores; la de rito yorkino, en cambio, organizada por Joel R. Poinsett , estaba formada por la clase media, base del Partido Liberal Federalista. Esta pugna entre logias masónicas fue muy aguda en el cuatrienio de Guadalupe Victoria y provocó levantamientos que pedían la muerte de las sociedades secretas, la expulsión del país de Poinsett y el respeto alas disposiciones constitucionales. Encabezó este levantamiento Nicolás Bravo, Vicepresidente de la República y líder de la logia escocesa, quien fuera derrotado por el General Vicente Guerrero, líder de la logia yorquina. Durante el litigio, se llevaron a cabo serios intentos por destruir las instituciones de corte conservador así como el poder de la iglesia, los privilegios de la aristocracia, los latifundios, el poder de la alta oficialidad conservadora y otros centros tradicionales de poder.

En 1833, apoyado por los federalistas, Antonio López de Santa Anna llega al poder, pero posteriormente los traiciona y derrota, al aliarse al sector conservador centralista. De esta manera se inicia en el país el llamado periodo centralista. En 1836, el Congreso cambio la Constitución de 1824 y promulgó las Siete Leyes Constitucionales, que establecían las bases para el funcionamiento del nuevo régimen centralista. Dichas leyes suprimieron los Estados y dividieron el territorio en Departamentos, los que a su vez fueron divididos en Distritos y éstos en Partidos. La dirección política y administrativa de los Departamentos la ejercían los Gobernadores –designados por el poder ejecutivo o administración central-,. Quienes no tenían facultad para crear ingresos propios y debían ceñirse al presupuesto de gastos que les fijaba el Congreso de la Nación.

Por otra parte, es interesante destacar que la constitución centralista fue la primera en imponer una normatividad a la actividad municipal planteando, entre otras cosas, que las autoridades del municipio debían elegirse mediante votación popular y que los ayuntamientos debían tratar de generar ingresos propios a través e rentas e impuestos, y con ello, cubrir gastos e inversiones en obras y acciones municipales. Esta libertad en el manejo presupuestal y en la elección de autoridades era muy relativa, porque en la práctica los ayuntamientos dependían totalmente de la voluntad de los prefectos y subprefectos, quienes ejercían de hecho el gobierno local.

El centralismo agudizo las contradicciones y tensiones entre las provincias del territorio y la administración central. En ciertos casos, los antagonismos llegaron a ser irreconciliables (separación de Texas e intentos de Yucatán por separarse). En 1843, una Junta Nacional Legislativa nombrada por Santa Anna promulgó una nueva Constitución centralista, la que se conoció con el nombre de “Bases de Organización Política de la República Mexicana”, la que tuvo vigencia únicamente por un período de tres años. En 1846, un movimiento popular destituyó al régimen centralista y restableció la Constitución de 1824, a la que posteriormente se le adicionaron las Acta de Reforma .

Durante el periodo centralista (1836-1845), en todo el Estado de México los municipios se debilitaron y su manejo administrativo fue ejercido por el Gobernador y la Asamblea Departamental, como lo ejemplifican las memorias de los Gobernadores que cubrieron ese periodo. Ellos eran los que nombraban al os funcionarios del ayuntamiento, expedían las ordenanzas, fijaban la normatividad del os servicios públicos y aprobaban el nivel de los gastos anuales del municipio.

Entre 1821 y 1855, el país vivió fuertes tensiones sociales, conflictos internos y ataques de las potencias extranjeras. El poder político y la administración central fue un caos; su dirección y manejo estuvo en manos de más de cincuenta gobiernos, devenidos en su mayoría como producto de cuartelazos de los diferentes caudillos y militares de la época. Los conservadores fueron el bloque político que se mantuvo más en el poder durante este periodo; sin embargo, los liberales mantuvieron una oposición firme y en marzo de 1854 publicaron el Plan de Ayutla, que en una de sus partes planteaba: “cesar en el ejercicio del poder público a don Antonio López de Santa Anna y a los demás funcionarios que, como él, hayan desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieren al presente Plan…”.

Este fue el planteamiento político sustantivo que permitió iniciar el movimiento armando que, en 1855, derrotara al dictador Santa Anna. Por su parte, la Constitución del 5 de febrero de 1857 dejó de lado la normatividad de la vida municipal, a pesar de la proposición del Diputado José María Castillo Velasco en el Congreso, que postulaba llevar a nivel constitucional el principio de autonomía municipal. El proyecto fue rechazado y con ello, nuevamente, los gobernadores tenían el dominio absoluto de los ayuntamientos, pues conservaban la facultad de nombrar a sus jefes políticos.

El bloque político conservador mantuvo una oposición activa a la nueva Constitución de 1857, al extremo de promover un movimiento armando que implicó una guerra civil, la que se inició en diciembre de 1857 y terminó a fines de 1860. Después del triunfo, los liberales tomaron el control del gobierno y se encontraron con un país sumamente endeudado; no había fondos ni para pagar los intereses de las deudas, por lo cual el gobierno dispuso una moratoria de dos años para los préstamos de largo plazo con el extranjero. Esta medida –adoptada por el Congreso- afectó directamente a Inglaterra, Francia y España, principales países europeos acreedores, quienes posteriormente invadieron México y forzaron una lucha de varios años.

Finalmente, se puso término al conflicto y el Presidente Juárez proclamó el triunfo y consolidación de la Nación y república Mexicana. Años más tarde, en 1880, se inicia la dictadura porfirista y con ella se crean las bases para el futuro desarrollo capitalista de México.

Esta dictadura utilizó al municipio en función de sus propios objetivos económicos y políticos, haciéndolo funcionar como un engranaje más para coadyuvar a la concentración del poder político y económico; en el campo, la oligarquía agraria; y en la ciudad, el sector financiero comercial e industrial emergente, junto a la dirección político-administrativa de la dictadura. Todos, en conjunto, representaban a la alta burguesía que mantuvo en el poder al General Porfirio Díaz hasta su derrocamiento en 1911, por efectos de la gesta revolucionaria.

La Consolidación del Estado de México después de las
Pérdidas de Población, Territorios y Municipios.

La secuencia histórica de las mutilaciones territoriales y de las pérdidas de población y municipios, en el Estado de México, se inicia en 1823 y termina en 1869, siendo la última segregación debida a la creación del Estado de Morelos.

El ordenamiento territorial y la necesidad de una división política aceptable a la nueva realidad del país, fueron las causas que determinaron las mutilaciones territoriales y la pérdida de población y municipios de la entidad. También esto tiene su explicación en el regionalismo surgido con posterioridad a la independencia nacional. Sin embargo, para tener una visión más amplia de la situación político-histórica, en el caso de las segregaciones territoriales del Estado de México, se presenta el siguiente ilustración, dejando constancia de las fechas e instrumentos legales que fundamentaron dichas segregaciones, así como también de los gobernadores que intervinieron en aquella oportunidad.

Resúmen de las segregaciones territoriales del
Estado de México durante el periodo 1823-1869.

SEGREGACIONES FECHAS GOBERNADORES

1. Creación de Querétaro

22/agosto/1823. Melchor Múzquiz

2. Creación del Distrito Federal

18/noviembre/1824 comunicándolo en forma oficial el 24/noviembre/1824. Melchor Múzquiz

3. Creación de Guerrero.

27/octubre/1849 por Decreto No. 16. Juan María Flores y Terán; Gobernador interino, según Decreto No. 10, del 10/mayo/1849.

4. Ampliación del Distrito Federal

16/febrero/1854 Decreto No. 4210 Marino Riva Palacio Gobernador Constitucional. Estuvo en forma interina José Mariano de Salas, Cmdte. General del Depto. De México, entre el 5 de julio de 1853 y e4l 30 de agosto de 1855.

5. Incorporación de Tlalpan al Distrito Federal.

25/noviembre/1855 Decreto No. 4576. Gral. Plutarco González, Gobernador interino a partir del 30/agosto/1855.

6. Incorporación de Calpulalpan

3/enero/1863, por Provid. No. 5798, de la Secret. de Gobernación. Posteriormente, en 1874, se ratificó sucesión a Tlaxcala Manuel Zomera y Piña, Gobernador interino por Decreto No. 66 del 7/marzo/1871.

7. Creación del Estado de Hidalgo

15/enero/1869. Decreto No. 6507 Lic. Antonio Zimbrón, Gobernador Provisional por Decreto No. 94, 15/octubre/1868.

8. Creación del Estado de Morelos

5/febrero/1869. Decreto No. 6571 Lic. Antonio Zimbrón, Gobernador Provisional, por Decreto No. 94, 15/octubre/1868.

La ilustración no sólo muestra las segregaciones territoriales del Estado de México, sino también su secuencia histórica y los nombres de los Gobernadores que asumieron la responsabilidad política de llevarlas a cabo. Esto tiene indudablemente un valor histórico y nos da una idea de la evolución del as divisiones municipales que sufriera el Estado, en el periodo 1823-1869. En suma, los cuadros y análisis presentados han tenido por finalidad mostrar –en cifras- las pérdidas de municipios, territorios y población que sufriera el Estado de México durante el período señalado, el que especialmente se remite al siglo XIX.

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Revisado: 01-Feb-02 03:00